“La meritocracia en Colombia es un sistema que busca profesionalizar el servicio público, asegurando que las personas que ingresan a la administración pública lo hagan basándose en sus méritos y capacidades. Este sistema tiene como objetivo fundamental la transparencia y la calidad en la atención a los ciudadanos”. Así lo define “Copiloto de Microsoft”.
Copiloto continúa diciendo: “En resumen, la meritocracia en Colombia busca garantizar que las personas más capacitadas y con los más altos estándares profesionales ingresen al servicio público, promoviendo así una administración transparente y de calidad.”
La Inteligencia Artificial de Google la define así: “La meritocracia en Colombia se refiere al sistema de selección de personal para la administración pública basado en el mérito, las calidades personales y la capacidad profesional. Este sistema busca profesionalizar el servicio público y promover la transparencia y la calidad en la atención a los ciudadanos”.
Google sintetiza su definición como “un sistema que busca garantizar que el servicio público esté en manos de personas competentes y capacitadas, a través de un proceso de selección basado en el mérito, la experiencia y las habilidades profesionales. Sin embargo, la implementación de este sistema enfrenta algunos desafíos que deben ser abordados para garantizar su efectividad”.
En Colombia, la Ley 909 de 2004 establece que los procesos de selección del personal en la función pública deben basarse en el mérito, las calidades personales y la capacidad profesional. Además, se implementaron pruebas técnicas de competencias laborales, de conocimiento y habilidades gerenciales para los cargos de libre nombramiento y remoción en la Rama Ejecutiva del orden Nacional. ¿Servirá?
Pero mi definición como observador que vivió y educó fuera del país por más de cuarenta y cinco años, esas definiciones teóricas no compaginan con la corrupción genética de varias generaciones. De pesadillas uno despierta sobresaltado, asustado y confundido; en mi caso, al abrir los ojos, mi pesadilla persiste al enfrentar oficinas gubernamentales como la ANT y el Banco Agrario, pero el infierno se convierte en la podredumbre del sistema judicial.
Cuando las elecciones pasadas que ganó Petro, unos meses antes vaticiné su triunfo después de leer varios artículos de publicaciones de Colombia y el mundo, en inglés, francés e italiano (estos dos últimos no los hablo, pero puedo leer un poco), deduje que el país, necesitaba ese cambio de intervención del acaparamiento de las “sangres azules” repartiendo puestos como “prostitutas” del barrio chino. (Uso el nombre de este barrio de los años del siglo pasado que era como se llamaba donde el servicio era popular).
Era lógico que los puestos públicos fueran dados a un marco marginado nuevo y que “educado” (toda regla tiene su excepción), pero que en realidad no saben ni leer, ni escribir. Esos títulos o diplomas que se ufanan tener, (nuevamente, no todos), no sirven ni para limpiar fundillos porque es muy duro. La proliferación es tanta que ni ensayos literarios ni encuestas pueden ser capaces de definir este nuevo fenómeno de corrupción.
Antes, tenías que conocer al tío del perro de la esquina que colindaba con el tuerto de la tienda del padrino de la abuela del pastor de la iglesia. Traducido, la “coima”, “mordida”, “transa” o “engrase”, le pertenecía a un núcleo reducido de “sangre azules”. Ahora, está tan repartido, que hasta para ir al baño hay que dar “propina”.
Afirmo estos comentarios, porque con los pocos que he tenido que tratar de diferentes medios, lo pude comprobar. Tienen títulos comprados, como el que compró un sobrino mongólico que tengo que compró el título de abogado a la Universidad del Norte de Barranquilla.
Se me hace que este título de abogado es el más fácil de comprar y está diseminado en varios renglones del sistema, especialmente, el judicial.
Ahora, comentando sobre mi interacción con las dependencias del gobierno como la Agencia Nacional de Tierras y el Banco Agrícola, coño, menos mal que me tomo mi propia poción natural para controlar la presión, porque estas “gentecitas” son más que un dolor de cabeza.
Con la ANT, contestan los correos que son respuestas al radicado de la radicación de un radicado que me imagino que habrá salido del baño, porque insisto, ni leer saben. Una de las respuestas elaborada por la encargada de la oficina de compras, dice que no encuentra mi oferta de vender mi lote. Se tomó (haciendo un análisis sin comparables) como un minuto leyendo el encabezamiento de mi correo, y como 10 minutos para contestarme, pero no utilizó 10 segundas para bajar el documento PDF adjunto al correo que define toda la información del lote. Reitero, las maniobras de retardo son producto de la creación de sistemas para no cumplir la ley como está redactada, si no como la quieren interpretar sin fundamentos legales, educados o de lógica común, que no poseen.
Con el Banco Agrario después de la publicación de mis denuncias, el halo de su santidad llegó hasta sus bocas cerrándolas con candado de doble llave impidiendo salida, marcando claramente su criminalidad.
¡El que calla otorga, dice la ley!
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) refleja que Colombia tiene un alto nivel de corrupción en el sector político colombiano, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, que se encuentra en un nivel moderado, con una puntuación de 39 sobre 100 en 2024. Esto significa que Colombia se ubica en el puesto 92 entre 180 países evaluados, lo que indica que la percepción de corrupción en el sector público es relativamente alta.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC):
El IPC mide la percepción de corrupción en el sector público, basado en opiniones de expertos y empresarios.
Se considera que una puntuación alta (cercana a 100) indica baja corrupción, mientras que una puntuación baja (cercana a 0) indica alta corrupción.
En 2024, Colombia obtuvo una puntuación de 39, lo que significa que la percepción de corrupción es relativamente alta, pero no la más alta del mundo.
Según Transparencia Internacional, Colombia se ubica en la posición 92 entre 180 países evaluados, lo que demuestra que la percepción de corrupción es relativamente alta.
El estudio elaborado por el Banco de la República (La corrupción en Colombia: un análisis integral) indica que “pesar de los esfuerzos realizados, como la creación del estatuto anti-corrupción con la Ley 1474 de 2011, Colombia no ha mostrado avances significativos en materia de lucha contra la corrupción en los últimos años. Por ejemplo, de acuerdo con datos de Monitor Ciudadano, entre 2016 y 2020 se reportaron 967 hechos de corrupción a nivel nacional en la prensa, mientras que entre 2016 y 2018 esta cifra se ubicaba en 327 (Monitor Ciudadano, 2019).
Lo peor de todo es que el gobierno de Petro no muestra los niveles de corrupción existentes en los sistemas gubernamentales y empresariales, que van de mano agarrada.
Si tanto buscan una transformación del sistema político-empresarial, lo más indicado sería que legalizaran la corrupción introduciendo brókeres que tramiten los procedimientos por una comisión, ya que “sin “coima”, “mordida”, “transa” o “engrase”, no hay paraíso.
Mi Opinión 