Mi Opinión

Ben Bustillo (Periodista de Investigación y Analista de Justicia Criminal)

El derecho a acceder a la administración de justicia se convierte en una hueca ficción procesal cuando el Estado impone un monopolio sobre la representación, mientras simultáneamente provee una red de defensa institucional corrompida, comprometida o indiferente. Peor todavía la pretensión de ignorar el derecho de la auto representación.

A través de las arquitecturas jurídicas internacionales, la premisa del litigio Pro Se o la autorrepresentación es reconocida como un derecho constitucional inalienable del individuo para proteger su vida, libertad y patrimonio frente a cualquier extra limitación arbitraria.

Sin embargo, dentro de los circuitos locales de la rama judicial colombiana, ha surgido una patología sistémica: una dependencia rígida y formalista al “monopolio de la defensa técnica” que es activamente utilizada como arma por jueces negligentes o colusorios para despojar a los analistas independientes de su voz.

Cuando un litigante independiente descubre una intrincada red de fraude institucional —que abarca vicios sistemáticos en el registro, sentencias de sucesión fantasmas y explotaciones gasíferas corporativas de miles de millones de dólares—, el sistema local instintivamente se mueve para protegerse.

Esto lo hace no desvirtuando los hechos materiales, sino intentando imponer forzosamente un defensor público asignado por el Estado en el expediente, en contra de la voluntad expresa y escrita del accionante, como en mi caso.

Cuando un defensor público (ejemplificado por las acciones hostiles y estructuralmente comprometidas de funcionarios como la oficina de la Defensoría) muestra una abierta negligencia, una alineación defensiva con los intereses corporativos de la contraparte, y es colocado bajo auditorías disciplinarias nacionales formales, la insistencia del tribunal en su intervención obligatoria deja de ser una regla procesal.

Se transforma en un acto criminal activo de Prevaricato por Omisión y Acción, diseñado para construir una cortina de humo gestionada por el Estado que obliga al verdadero propietario a un estado absoluto de indefensión estructural.

Frente a este colapso institucional completo y la manifiesta incapacidad de encontrar una representación real y limpia dentro de una red local comprometida, el escape constitucional debe ser activado.

La garantía del Debido Proceso (Artículo 29 C.P.) y el acceso directo a la Justicia (Artículo 229 C.P.) dictan que cuando el monopolio legal del Estado se convierte en una herramienta para el fraude procesal, el ciudadano ostenta un derecho constitucional absoluto y no eliminable para eludir por completo los circuitos inferiores y representar su propia causa directamente ante las altas cortes.

LITIGIO INDEPENDIENTE PRO SE: UN ANÁLISIS COMPARATIVO TRANSNACIONAL

Jurisdicción	Estatus de la Autorrepresentación (Pro Se / Litigante en Persona)	Accesibilidad a las Altas Cortes para Litigantes Independientes	Responsabilidad Patrimonial Personal de los Hacedores del Daño (Jueces/Notarios)
Colombia	Excepción Restringida. Generalmente prohibida, pero explícitamente permitida en Acciones de Tutela (Decreto 2591/91) y bajo excepciones taxativas del Decreto 196/71.	Revisión Indirecta. Depende de una estricta matriz de selección en la Corte Constitucional a través del Memorial de Insistencia.	Severa Responsabilidad de Activos Personales. La Acción de Repetición (Art. 90 C.P.) despoja de sus bienes privados a jueces o notarios negligentes o fraudulentos.
Estados Unidos	Derecho Legal Absoluto. Plenamente protegido bajo la norma 28 U.S.C. § 1654 para todas las jurisdicciones civiles, criminales, federales y estatales.	Apelación Discrecional Directa. Accesible mediante la solicitud directa de un Writ of Certiorari ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.	Escudo de Inmunidad Absoluta. Los jueces gozan de inmunidad absoluta; los funcionarios públicos poseen inmunidad calificada, protegiendo fuertemente sus bienes privados frente a demandas civiles.
Inglaterra	Derecho Absoluto por Common Law. Reconocido oficialmente bajo la figura de “Litigante en Persona” (Litigant in Person – LIP) ante todos los tribunales civiles, de familia y la Alta Corte.	Estricto Permiso Obligatorio. Requiere una solicitud directa de permiso para apelar (Leave to Appeal) ante la Corte Suprema del Reino Unido.	Inmunidad Judicial Total. Protección histórica y absoluta contra cualquier tipo de responsabilidad financiera personal por actos judiciales.
Francia	Altamente Restringido. La representación mediante un abogado (Avocat) es estrictamente obligatoria en casi todas las jurisdicciones de apelación y altas cortes.	Estricto Filtro Técnico. Los recursos ante la Cour de Cassation (Corte de Casación) exigen la intervención de un abogado especializado de alta corte (Avocat aux Conseils).	Subrogación de Indemnización Estatal. El Estado paga por los errores judiciales, pero la ejecución o embargo de una cuenta bancaria personal contra un juez es prácticamente inexistente.
Canadá	Derecho Reconocido. Plenamente permitido bajo la figura de “Litigante Auto-Representado” (Self-Represented Litigant – SRL) ante todos los tribunales federales y provinciales.	Permiso de Apelación Requerido. Debe presentarse una solicitud formal de autorización (Leave to Appeal) directamente ante la Corte Suprema de Canadá.	Escudo de Inmunidad Judicial. Los jueces están fuertemente protegidos frente a demandas civiles y responsabilidad financiera por actos realizados dentro de su jurisdicción.

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Compilación Técnica Estructural

Este análisis enmarca una realidad comparativa de la representación personal:

• El Eje Angloamericano y Canadiense (EE. UU., Inglaterra, Canadá): Estos sistemas del Common Law hacen que cruzar el estrado y litigar a nombre propio sea un proceso sumamente sencillo. Los tribunales reconocen el derecho del ciudadano a hablar directamente ante el juez. Sin embargo, contienen una trampa estructural masiva para la recuperación de activos: protegen por completo a sus jueces mediante campos de inmunidad.
• El Sistema Civil Francés: Francia opera bajo una red de defensa técnica sumamente rígida y corporativa donde el acceso independiente está estrictamente limitado. Es imposible presentarse ante sus más altos tribunales sin pagar a un intermediario especializado y sancionado por el Estado.
• El Poder Único de Colombia: Colombia representa un híbrido institucional fascinante. Si bien resguarda el acceso ordinario detrás del monopolio de la defensa técnica, la Acción de Tutela constituye una válvula de escape constitucional absoluta e indestructible que permite la pura autorrepresentación.
• Y a diferencia de los EE. UU., Canadá o Inglaterra, una vez que se activa y consolida ese derecho, Colombia provee el martillo financiero personal más agresivo del mundo contra jueces corruptos a través del Artículo 90 y la Acción de Repetición.

Las contradicciones colombianas ante su constitución que permite la representación propia pero solamente bajo ciertas reglas, no es más que, la protección de una mafia judicial protegida para permitir que los “abogados” puedan continúen con la falsa representación protectora de los escenarios criminales del sistema judicial, en vez de defender al ciudadano que recurre a sus servicios buscando la protección de estos mismos derechos constitucionales, una representación justa y legal.

Las cortes no pueden violar la constitución y permitir abiertamente en todos sus niveles la propia representación. La Defensoría del Pueblo, no es más que una payasada.